Antes que nada, recordemos lo obvio: el aborto atenta contra la ley natural porque todo el mundo puede saber con su sola razón que matar a un niño en el vientre de su madre es un asesinato. Y la ley natural pide que ese niño siga viviendo.  

Pues bien: el Ministerio de Sanidad ha publicado los datos del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) del año 2021, o sea, los abortos quirúrgicos realizados en España durante ese año: 90.189 abortos. O sea, 90.189 niños que no llegaron a nacer y que tenían derecho a hacerlo.

Es verdad que se trata de la segunda cifra más baja de los últimos diez años, tras los 88.269 registrados en el año 2020, el de la pandemia, lo que significa que el aborto quirúrgico está siendo sustituido por las llamadas 'píldoras del día después' que son potencialmente abortivas, es decir, en caso de concepción, matan el embrión, por ejemplo, impidiendo que se implante en el útero materno. Esos abortos no se contabilizan en ninguna estadística.

Sea como fuere, 90.000 abortos constituyen la demostración palpable de que el argumento usado por los proabortistas y por la industria del aborto de que, con su legalización, iba a disminuir su número, es falso.

En cualquier caso, conviene recordar los abortos perpetrados desde 2012, año que figura en la tabla: ese año 2012 se practicaron 113.419 abortos; en 2013 fueron 108.690; en 2014 fueron 94.796; en 2015, un total de 94.188; en 2016, un total de 93.131; en 2017, ascendieron a 94.123; en 2018 se registraron 95.917; y en 2019, ascendieron a 99.149.

Así las cosas, en diez años se han abortado en España a 971.871 niños. Imaginen el negocio que eso supone para la industria del aborto…

Y es que sólo uno de cada seis abortos se practicaron en la Sanidad pública. El 84,33% de las intervenciones se realizaron en 2021 en centros privados, sean concertados o no. Además, en 2021 subieron a cinco las comunidades autónomas que no notificaron ningún aborto en un centro sanitario público, a sumarse Aragón a Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, las cuatro autonomías que formaban ese grupo en 2020. La Rioja, sin embargo, es la única comunidad que no ha notificado abortos en centros privados.

Más datos recogidos por La Razón e Infocatólica: la mayor parte de los homicidios de los niños concebidos tiene lugar durante las primeras semanas del embarazo. Así, el 72,42% (65.316) de los mismos se registraron antes de la octava semana de gestación, mientras que sólo el 0,16% se produjo más allá de la vigésimo tercera semana.

En cuanto al uso de anticonceptivos, 38.906 de las 90.189 mujeres que abortaron dijeron que no utilizaban ninguno

En cuanto al motivo de la interrupción, la inmensa mayoría (el 90,98%) fue a petición de la mujer, el 5,58% por grave riesgo para la vida o la salud de la mujer y el 3,12% por riesgo de graves anomalías en el feto.

En cuanto al uso de anticonceptivos, 38.906 de las 90.189 mujeres que abortaron dijeron que no utilizaban ninguno.

En lo que se refiere a la nacionalidad, el 67,17% de las mujeres que abortaron eran españolas; el 18,63% de algún país de América; el 5,03% de África y sólo el 2,03% de alguno de Asia.

Por comunidades autónomas, Cataluña es la región con la tasa más elevada de abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años (13,42), seguida de la Comunidad de Madrid (11,90), Baleares (11,56), Asturias (11,50), Murcia (11,46), Andalucía (11,18) y Canarias (10,61). Las regiones con menor tasa en 2021 fueron Ceuta y Melilla (1,79), Galicia (5,37), La Rioja (6,17), Extremadura (7,10), Castilla y León (7,17), Navarra (8,39), Cantabria (8,68), Aragón (8,79), Castilla-La Mancha (8,90), Comunidad Valenciana (9,02) y País Vasco (10,39).

Como recogió Hispanidad, hace pocos días el Congreso aprobaba la ley de socialistas y comunistas que rebaja a los 16 años el aborto sin permiso paterno, elimina la reflexión y persigue la objeción. Se expulsará a los médicos objetores al aborto de los comités clínicos que deciden sobre la vida del concebido. Para perseguir la objeción de conciencia, la norma también crea un registro de profesionales médicos objetores de conciencia. También elimina el plazo de reflexión de tres días que existe actualmente, así como la obligatoriedad de recibir información sobre los recursos y las ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo.

O sea, el abortismo llevado hasta el extremo.