Como se recordará, la reforma de la ‘Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana’  --bautizada despectivamente como 'ley Mordaza' por la ultraizquierda-- que aprobó en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy para proteger a los agentes del orden  --policías y guardias civiles--  de las humillaciones a los que les sometían los perroflautas de turno, finalmente no salió adelante en la pasada legislatura por desavenencias entre los partidos izquierdistas (en concreto, por el desacuerdo con la reforma de ERC y Bildu, cuyas enmiendas fueron rechazadas en el texto final). 

El objetivo principal de esa ley era tratar de mantener el principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE). 

En ese contexto, ayer, durante la presentación de su acuerdo de Gobierno, PSOE y Sumar anunciaban su intención de derogar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana'.

Entidades representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ya han rechazado el anuncio del Gobierno ultraizquierdista (a falta de su investidura, que todo el mundo da por hecha tras la bajada de pantalones y traición de Pedro Sánchez ante el fugitivo Puigdemont, cuyos votos necesita para ser investido de nuevo). 

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), por ejemplo, ha denunciado que la reforma afectaría a "la seguridad y el libre ejercicio de los de derechos que se pueden desarrollar en la vía pública". "Si quieren reformar la ley, lo primero que tienen que hacer es hablar con los sindicatos policiales, que somos los que sabemos qué problemas existen, y no legislar en caliente". "La seguridad de los españoles no se negocia con personas que aplauden cuando patean a policías”. En agosto de este año, el sindicato policial SUP denunciaba que policías y guardias civiles estaban sufriendo una “desmedida escalada” de agresiones, mientras “jueces y políticos están más protegidos”. 

Por su parte, JUPOL (sindicato de la Policía Nacional) ha señalado que la citada reforma "hará de España un país más inseguro", augura JUPOL, para quien la reforma "sólo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" puesto que va "en dirección contraria de los nuevos desafíos: delincuencia con alta intensidad, bandas juveniles violentas, mafias internacionales o delincuencia tecnológica". Además, denuncia que "no tiene en cuenta la opinión de los profesionales" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni tampoco de los "juristas".

El sindicato de Policía Nacional CEP argumenta que el hecho de mencionar la identificación de policías "podría poner nuevamente en el punto de mira a un colectivo cuya identificación ya está plenamente garantizada en normativas e instrucciones desde hace 17 años, aprobadas precisamente con un Gobierno socialista". Y ha alertado del "nuevo intento de desmantelar una norma esencial para la convivencia", todo esto cuando 2022 fue el año con "mayor número de delitos de atentado contra agentes de autoridad". "La modificación de esa norma no puede ni debe convertirse en la víctima de las obsesiones de determinado sector de la extrema izquierda política de este país". 

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles  (AUGC) también ha denunciado el "retroceso perjudicial para el conjunto de la ciudadanía". "Ahora se vuelve a intentar acometer una reforma de una ley orgánica que ha venido utilizándose con total normalidad desde su aprobación".

Y todo esto mientras Hispanidad viene recogiendo, precisamente, las opiniones de un experto en seguridad, Samuel Vázquez, de la Asociación Policía S.XXI, quien viene advirtiendo desde hace tiempo sobre la necesidad de un cambio en el actual modelo policial, los nombramientos de altos cargos en las fuerzas de seguridad del Estado, las consecuencias de la inmigración ilegal o la inseguridad en las calles: "El concepto de autoridad ha desaparecido. Para devolverlo a la calle hay que utilizar mucha fuerza y eso, en política, tiene costes".  

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