Para aliviar el problema de la vivienda convendría ensayar un cambio de rumbo, dirigido a permitir que funcione mejor el mercado, en vez de bloquear su desarrollo. Es una de las conclusiones del documento 'Un nuevo rumbo para la política de vivienda' en el que ha participado el catedrático Benito Arruñada, Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Affiliated Professor de la BSE, investigador asociado de Fedea, organismo que publica dicho documento, y coordinador del foro Mercado Libre.

El informe continúa: "Esta facilitación del mercado no requiere la abstención del Estado pero sí que éste se centre en desarrollar aquellas tareas para las que sí tiene una ventaja comparativa real, como son el proveer bienes públicos y extender una red efectiva de seguridad social. En materia de vivienda, esos bienes públicos se concretan, por un lado, en una planificación urbana orientada a asegurar que haya suelo disponible para construir y a contener los daños que generaría la anarquía urbanística". 

Respecto a la nueva Ley de Vivienda, el documento apunta que "el proyecto de ley dedica una especial atención a una serie de instrumentos de política que tendrán con toda seguridad efectos adversos sobre la oferta privada de alquiler, agravando por tanto los problemas que en principio se busca resolver e incumpliendo de paso el propio mandato de la ley de fomentar la oferta”. Es el caso, especialmente, del control de alquileres en áreas consideradas “tensionadas”, la imposición de límites a la actualización de rentas y las prórrogas forzosas tras la expiración de los contratos, así como las mayores dificultades para que los propietarios puedan recuperar sus inmuebles en caso de impago y okupación".

Es decir, Arruñada explica que las restricciones reglamentarias por parte del Gobierno «se han intensificado» y han llegado en un momento difícil para el mercado de vivienda. Añade que esto «ha complicado aun más la contratación de alquileres y ha proporcionado mayor tolerancia a los impagos y la okupación».

También asegura que, como consecuencia de estas políticas, «se ha reducido la oferta y han aumentado los precios y las dificultades de gran parte de la población para encontrar vivienda». Así, acusa al Ejecutivo de «restringir la contratación privada» en ambos ámbitos, el de compraventa y el del alquiler y pide que se tomen medidas que faciliten «la actuación del mercado».