Contábamos en Hispanidad que el Gobierno aprobaba en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley del aborto, una ley homicida, mentirosa, majadera y ordinaria, la ley de doña Irene Montero acaba de ser enviada al Congreso para su debate y futura aprobación. 

Uno de los puntos clave de esta ley es el siguiente: "La píldora del día después será de acceso gratuito en los centros de salud y en los futuros centros públicos de atención especializada en derechos sexuales y reproductivos, y tendrá que estar disponible en todas las farmacias", o dicho de otra forma, Irene se carga la objeción de conciencia de los farmacéuticos, al obligar que la píldora del día después “debaestar disponible” en todas las farmacias.

Que quede claro: todos los anticonceptivos actualmente en el mercado -y desde luego todas las PDD- son potencialmente abortivos. Es decir, que pueden actuar antes de la concepción o después, porque las PDD de hoy resultan especialmente abortivas ya que actúan durante más días, por lo que la fecundadción ya se ha producido, ergo se mata al niño ya concebido.

Es decir, el Gobierno de España subvencionará el aborto silencioso, el químico, mucho más numeroso e igualmente letal, pero invisible y mucho más cómodo, porque extiende su uso y obliga a todas las farmacias a dispensarlas de manera gratuita. A raiz de las declaraciones de doña Irene: "las mujeres que lo necesiten podrán acceder a la píldora del día después de forma gratuita en los centros de salud y ésta deberá, por supuesto, estar disponible de forma obligatoria en todas las farmacias", LaRazón asegura que fuentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), “la redacción actual de la futura ley de interrupción voluntaria del embarazo no contempla expresamente la objeción de conciencia para la dispensación de la píldora del día después, aunque está amparada por el Tribunal Constitucional. Creemos que debe evitarse la judicialización y, en el trámite parlamentario, consideramos que el texto de la futura ley debe incluirla para una mayor seguridad jurídica de los farmacéuticos, mayores garantías para los ciudadanos para asegurar siempre su acceso”.

El medio apunta a la opinión de farmacéuticos: “La Ley está fatal hecha porque es una medida electoralista, en un momento de desesperación política de Unidas Podemos”, señala Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). “Sospecho que la vamos a tener que impugnar, porque va en contra de legislaciones que ya están bien establecidas, como la Ley del Medicamento y la regulación sobre la dispensación de la píldora del día después sin receta médica, que existe desde hace 12 años, desde la época de Zapatero”.

Además, De Palacios asegura que las píldoras deberían precisas prescripción facultativa, “Sin meterme en el tema de la objeción de conciencia, a lo que nos obligará la ley es un disparate desde el punto de vista de la salud y la seguridad de la paciente. En las farmacias, llevamos más de 10 años haciendo consejo farmacéutico al dispensar este medicamento, dado que no es inocuo. Tienes que asegurarte de que la persona que te lo está pidiendo no es alérgica a ninguno de los componentes ni está tomando otros fármacos- como una simple aspirina- que puede tener contraindicaciones. Vamos, que, si se la das así porque si, a cualquiera, por defecto, esa persona puede sufrir un trombo, por ejemplo”.

Respecto a la gratuidad, De Palacios plantea más dudas: “¿Qué quiere decir? ¿Qué los laboratorios la van a dar de manera gratuita? ¿Es el farmacéutico el que tiene que asumir el coste? ¿La va a financiar la comunidad autónoma? Es un tema peliagudo, no me imagino que la píldora del día después vaya a estar en la tarjeta sanitaria, porque entonces se podría rastrear si una persona la ha pedido 5 veces, o 23″.

Por último, el farmacéutico habla de la obligación de tener suficiente cantidad del fármaco, regulada en el Real Decreto Legislativo 1/2015, que recoge las infracciones en materia de medicamentos y considera como infracción "muy grave" que una farmacia no disponga "de las existencias de medicamentos adecuadas para la normal prestación de sus actividades o servicios", De Palacios añade: “Es obligar por obligar, esto ya estaba regulado anteriormente y se podía encontrar en cualquier farmacia”. 

Estas infracciones son objeto de multas de hasta 1.000.000 de euros, es decir, si no quieres tener la pastillita para que aborten tranquilamente con libertad, pase por caja y pague hasta un 1.000.000 de euros ¿comprenden?