El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado -el instructor del caso García Ortiz- ha emitido un auto en el que dice, literalmente, sobre el Fiscal General del Estado: "En el caso de la presente instrucción, es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles".
Recordemos que el juez Hurtado investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunto delito de revelación de secretos, en concreto sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Pues bien: en el citado auto, el magistrado del Supremo añade que aunque García Ortiz "ha dado distintas explicaciones para hacerlo, de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024, cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre".
También recuerda el auto del juez Hurtado que ante esa desaparición, ha decidido la práctica de determinadas diligencias de instrucción para tratar de recuperar pruebas, para lo que "ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos".
El juez Hurtado también añade que "carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar; pero que, así sea, tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal".
En el mismo auto, el juez del alto tribunal determina acusaciones y defensas solo podrán consultar los anexos de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de forma presencial, en la Secretaría del Alto Tribunal, como consecuencia de las quejas del fiscal general por la publicación de datos personales.
