Irene Montero trata de matar la conciencia, en este caso, de los sanitarios
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ultima su reforma de la ley de la aborto, una bestialidad sociopodemita particularmente grave.
El anteproyecto garantiza la financiación pública de los anticonceptivos hormonales, de la píldora del día después (PDD) y la distribución gratuita en institutos vinculada a campañas de educación sexual. Es decir, el Gobierno de España subvencionará el aborto silencioso, el químico, mucho más numeroso e igualmente letal, pero invisible. Porque todos los antibaby que actualmente se venden día tras día en las farmacias son potencialmente abortivos: pueden impedir la concepción pero si no la impiden, matan al niño ya concebido, porque sus efectos pueden durar hasta una semana: y lo venden como un gran reclamo.
La promoción de la PDD resulta especialmente letal por su comodidad de uso y porque se han extendido hasta convertirse en un gran negocio y ya se vendan en las farmacias PDD mucho más abortivas, cuyo efecto pueden durará hasta una semana.
Y la nueva ley de Montero también regula, cómo no, el sangrante aborto quirúrgico. Según datos aportados por el Ministerio de Sanidad, en el año 2020, en España, se produjeron 88.269 abortos, lo que supone que se matan 242 niños al día. Así, la nueva ley permitará abortar a las chicas de 16 y 17 años sin permiso de sus padres, y el aborto será libre y a petición de la mujer dentro de las 14 semanas de gestación.
Los que no tendrán libertad de elección serán los médicos, Irene quiere garantizar que la matanza se realice en centros sanitarios públicos y, excepcionalmente, en clínicas privadas acreditadas. Y para conseguirlo quiere regular la objeción de conciencia de los médicos, porque la objeción individual no puede afectar al acceso al aborto. Y como solución, copiarán el modelo de la Eutanasia, creando un registro de objetores de conciencia en cada comunidad autónoma, y se asegurarán de que haya el personal sanitario suficiente para realizar los abortos. Por supuesto, las mujeres que aborten, podrán acceder a una baja laboral por interrupcción voluntaria del embarazo.
Esta ley no trata de implantar el aborto obligatorio, ni de matar al niño y llamarlo derecho, eso ya lo han conseguido. Se trata de matar la conciencia, en este caso, de los sanitarios. Porque si lo que se intenta es garantizar que en los centros sanitarios haya personal suficiente, ¿No sería más lógico crear un registro de médicos dispuestos a perpetrar abortos? Porque lo de crear un registro de médicos objetores de conciencia suena a señalar al médico que no quiera dar muerte y tengo para mí que ninguno de ellos va a progresar en el Sistema Público de Salud. Y más, ¿quién garantiza que esos médicos objetores expuestos en un registro no van a ser acosados como está ocurriendo con los jueces en EEUU? Señora Montero, ¿por qué no se ponen de acuerdo y crean una nueva especialidad en medicina? Médico especialista en abortos, que los nuevos MIR puedan escogerla igual que eligen plazas de pediatría, traumatología o neurocirugía, a ver cuántos están dispuestos a manchar sus manos.
