Comprendo el cabreo con la cesión del Vaticano, Pietro Parolin, y de la Iglesia española, José Cobo, ante el Gobierno Sánchez, en el Valle de los Caídos.
Sencillamente, lo que ha hecho el Vaticano es ceder ante la profanación de una basílica católica y cesar a un prior, Santiago Cantera, fiel a la Iglesia y con una lealtad inteligente, que no ha cedido a las mentiras y las amenazas de Sánchez.
En definitiva, el acuerdo de la Iglesia permite que se prosiga con la profanación del Valle de los Caídos, un camposanto construido para la concordia entre dos Españas, enfrentadas que Sánchez pretende convertir en la revancha de una guerra que perdieron los republicanos y ganaron los nacionales. Y, de paso, y me temo que este es el argumento más importante, el odio a la fe cristiana, perpetrado por el Gobierno más cristófobo con el que haya contado España.
Ahora bien, desde distintos ámbitos católicos, como respuesta al desastre de Cuelgamuros, escucho una propuesta que no me agrada: que no se señale la casilla del 0,7% del IRPF destinada a la Iglesia. En serio, ¿esa es la respuesta adecuada? ¿Qué se fastidie el sargento que no me como el rancho?
La asignación tributaria a la iglesia católica al igual que otros fines sociales, (vulgo, ONG) representa un 0,7% de nuestros impuestos, una porción diminuta en la que el Estado nos deja elegir. El otro 99,3% lo pagamos, de forma coercitiva, naturalmente, y constituye un cheque en blanco al Gobierno, que lo administra como le viene en gana.
¿Y vamos a renunciar a esa mínima parte de libertad que tenemos? ¿Le quitamos el 0,7% a monseñor José Cobo para dárselo a Marisu? ¿En serio?
