El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para rebajar la edad penal y sancionar con más firmeza y eficacia los delitos cometidos por menores.
La formación argumenta que es necesaria una respuesta penal al incremento de la violencia de los menores de edad y al hecho de que muchos de los menores responsables penalmente condenados sean reincidentes por múltiples hechos delictivos.
Asimismo, el partido señala a la inmigración ilegal y masiva como una de las causas del mencionado deterioro social acontecido en España: “La proliferación de nuevas figuras delictivas, importadas junto con la inmigración ilegal, masiva y descontrolada; y desconocidas hasta ahora en nuestro país, así como una buscada hipersexualización de los menores en los ámbitos educativo y social, contribuyen a que lo previsto en la ley del menor se haya visto totalmente superado por la realidad: la delincuencia pre-adolescente y adolescente no para de crecer”.
Delitos de adultos, penas de adultos.
— Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) March 25, 2025
Los menores inmigrantes que cometan delitos graves serán expulsados de España y los que hayan obtenido la nacionalidad la perderán. pic.twitter.com/fyWCnEDgrS
En este contexto, Vox contradice lo expuesto en el preámbulo de la ley, en el que se hace ver que las infracciones cometidas por los niños menores de esta edad (14 años) suelen ser “irrelevantes”: “Las infracciones de esos menores de edad sí son relevantes cuantitativa y cualitativamente, sí producen alarma social y no son susceptibles de recibir una respuesta adecuada en los ámbitos familiar y asistencial civil”.
Así se puede ver en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2021: “Se archivaron 8.433 diligencias por ser los investigados menores de menos de 14 años”. Además, continúa: “Se sigue haciendo hincapié en los comportamientos altamente sexualizados a edades muy tempranas (en los 216 casos de abusos sexuales registrados en Madrid, 38 afectaban a menores de edad inferior a 14 años; en Guipúzcoa de las 29 denuncias tramitadas por delitos contra la libertad sexual, se archivaron 9 por ser los autores menores de esa edad)”.
Por todo ello, Vox propone una reforma que contempla los siguientes puntos:
- Reducción del límite mínimo de edad legal para que el menor sea considerado responsable penalmente: de 14 a 12 años
- Añadir como penas la pérdida de la nacionalidad no de origen y la expulsión del territorio nacional para los menores extranjeros o de origen extranjero condenados.
- En los delitos que se corresponden con el régimen general, se aumenta la medida de internamiento máxima de 2 a 4 años. Las horas máximas de prestaciones en beneficio de la comunidad se aumentan de 100 a 150 horas. A la vez, las medidas de permanencia máxima los fines de semana se aumenta de 8 a 12 fines de semana.
- Para los delitos del régimen especial, que son los de extrema gravedad (homicidio, asesinato, agresión sexual, terrorismo), se distinguen diferente cuantía según:
– Si el menor tuviera entre 12 y 15 años, la medida de internamiento se aumenta de un mínimo de 1 año a uno de 3, y la duración máxima de 5 a 8 años.
– Si el menor tuviera entre 16 y 17 años, la medida de internamiento mínima se aumentaría de 1 a 5 años, y la duración máxima se aumentaría de 8 a 12 años.
- Aumento de la duración máxima del internamiento para condenados por una pluralidad de infracciones. Para los mayores de 16 años pasa a ser de 10 a 15 años, mientras que para los menores de esa edad se aumenta la duración máxima de 6 a 10 años.
- Endurecimiento de las sanciones administrativas previstas en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor para el régimen disciplinario del internamiento.
- Aumento del tiempo de prescripción de los delitos graves sancionados en el Código Penal con pena superior a diez años, de los demás delitos graves y de los leves.
- Eliminación de las referencias a la violencia de género, se sustituyen por violencia doméstica y se propone la eliminación de la obligación de los menores condenados de someterse a programas formativos de educación sexual y de educación en igualdad.