Hace unos días les contamos en Hispanidad el caso de Loli Andrés, una vecina de Sestao (Vizcaya), que ha decidido acampar frente a su casa con una mesa y una pancarta: "okupak kanpora" (fuera okupas). 

El piso es de su prima Isabel de 83 años y gravemente enferma. Ésta lo tenía alquilado a tres jóvenes. En marzo les comunicó que no renovaría el contrat. Dos de los chicos se marcharon en julio, pero el tercero decidió quedarse y no pagar: "Ni paga, ni se va", asegura Loli, que afirma que la deuda ya va por unos 6.000 euros. Loli necesita vender con urgencia el piso para pagar la residencia de su prima. 

Al parecer el inquiokupa se ha ido, sin pagar la deuda, claro está, el piso está vacío, pero ni Isabel ni Loli pueden entrar porque el okupa no les ha devuelto las llaves. Y es que según la ley no se puede recuperar el piso hasta que el inquilino haya firmado su renuncia o lo dictamine un juez. El juicio estaba fijado para este martes pero se ha suspendido y la propietaria está a la espera de una nueva fecha. 

"Los vecinos me han dicho que se ha ido, que hace días que no hay movimiento en el piso, pero no me ha entregado las llaves, con lo cual judicialmente no podemos hacer nada. No puedo entrar ni puedo hacer absolutamente nada hasta que el juez decida", lamenta Loli.

"Hasta que no haya un documento en el que reconozca que deja el piso o entregue las llaves, no se puede entrar porque no hay ninguna circunstancia objetiva de que se haya marchado. No sirve de nada presuponer que se ha ido porque en el juzgado solo sirven hechos objetivos y que se puedan acreditar", confirma su abogado, Luisma.

Además su abogado denuncia que si Loli abriera la puerta y accediera a la vivienda se arriesgaría a una posible demanda por parte del inquilino moroso: "Entrar en la vivienda sin el consentimiento o el permiso expreso del inquilino puede conllevar una demanda por coacciones".