La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) han solicitado eliminar la necesidad de prescripción médica para la dispensación de las píldoras contraceptivas con progestágeno solo. Por su lado, la Asociación Española de Farmacia Social AEFAS, se muestra en contra de la propuesta. 

Según aseguran desde el Observatorio de Bioética, la supresión de la prescripción médica, podría favorecer, en primer lugar a las compañías farmaceúticas que venderán más cuantos menos controles se exijan en la dispensación. Además, también favorecerá a los médicos de atención primaria y familia porque tendrán sus consultas más descongestionadas al no realizar seguimiento de las mujeres que se sometan al tratamiento contraceptivo hormonal. En tercer lugar, los farmacéuticos tendrán mayores facilidades puesto que el prescripción médica es objeto de conflicto con el cliente cuando no se posee.

Por su lado, señalan que las principales perjudicadas serán las mujeres que tomen el tratamiento hormonal de larga duración sin un análisis previo que detecte contraindicaciones, efectos secundarios y riesgos que puedan derivarse. 

Desde el Observatorio de Bioética aseguran que "el número de embarazos no deseados, abortos y enfermedades de transmisión sexual, son fines que han sido esgrimidos por los promotores de la libre dispensación de los métodos contraceptivos, de manera que su acceso sea universal y, en algunos casos, gratuito". Si bien, recuriendo a diversos estudios afirman que estos objetivos no se cumplen, es decir, no se reducen las tasas de embarazos no deseados y abortos, mientras que otros estudios muestran que se incrementa el número de casos de ciertas enfermedades de transmisión sexual, por el uso libre de estas píldoras. 

El Observatorio de Bioética advierte que, de aprobarse la eliminación de la prescripción médica, se estaría cometiendo "una violación de los criterios de seguridad en la farmacovigilancia de estos fármacos", en cuyos prospectos se especifica claramente la necesidad de la valoración clínica y el seguimiento médico. Omitir esta vigilancia médica "expone a las usuarias a riesgos inaceptables. Las consecuencias de una utilización de estos fármacos sin control alguno puede provocar problemas de salud".

"Resulta inaceptable que, en este caso la petición liberalizadora provenga de algunas sociedades científicas de médicos de asistencia primaria, de familia y farmacia comunitaria, cuya responsabilidad es velar por la seguridad y eficacia de los tratamientos, objetivo al que no contribuye la omisión de la labor de diagnóstico y seguimiento de las mujeres candidatas a ellos. En contraposición, no existe evidencia, como se ha argumentado, de que estas prácticas liberalizadoras con supresión de control médico y dispensación libre y gratuita contribuyan a reducir las tasas de embarazos no deseados y abortos".

La propuesta llega en plena tramitación de la reforma de la Ley del Aborto de Irene Montero y supondría un paso más contra la objeción de conciencia de los farmaceúticos y en el aborto, porque recuerden: todos los antibaby que actualmente se venden día tras día en las farmacias son potencialmente abortivos: pueden impedir la concepción y, si no la impiden, matan al niño ya concebido. ¡Absolutamente todos!