En Hispanidad hemos contado la lucha de Francisco Javier L. G., militar de 42 años y vecina de Carmona
En Hispanidad hemos contado la lucha de Francisco Javier L. G., militar de 42 años y vecina de Carmona. Francisco no se ha sometido a ninguna cirugía y no tiene previsto hacerlo: "Me gusta mi cuerpo, soy feliz con él y no pretendo cambiarlo". Tampoco quiere cambiar su nombre masculino. Pero se siente mujer, en concreto, mujer lesbiana, porque le gustan las mujeres.
El cambio en el registro y en el DNI ha sido muy sencillo gracias a la Ley Trans de Irene Montero, pero Francisco Javier ha denunciado en numerosas ocasiones que se siente discriminado en el ejército, donde no le dejan usar los vestuarios femeninos.
Fracisco sigue su lucha y ha solicitado al Ministerio de Defensa una indemnización de casi 50.000 euros porque entiende que se están vulnerando sus derechos fundamentales porque no le dejan usar el vesturario femenino, acorde con su nueva identidad de género.
"Las soluciones aportadas por la parte contraria son medidas provisionales y temporales, sin ofrecer una planificación estable que no perjudique a doña Francisco Javier y la señale e individualice frente al resto del mundo, teniendo ella el único interés de su integración y adaptación a su nueva situación", expone el abogado de la soldado en la demanda.
La afectada y su abogado se oponen a las soluciones que ofrece el Ejército, por ejemplo, a la de usar las dependencias para oficiales y compartirlo por turnos, para no coincidir con sus compañeras, porque entiende que "se procede a una restricción severa de los derechos de doña Francisco Javier López, limitando tanto el acceso a las instalaciones como a los horarios pertinentes, dejándola aislada y señalada como si de una situación excepcional y excéntrica se tratara, cuando el único deseo de la misma es recibir una igualdad de trato en base a su identidad de género".
Tampoco quiere un espacio para ella sóla, puesto que la señalaría: "situación que agravaría cualquier posibilidad de igualdad en el acuartelamiento, en lugar de permitir una integración acorde al espíritu de la ley" trans.
En su escrito aseguran que se provoca "tanto una inseguridad jurídica como un estado de inseguridad laboral y social, quedando marcada" la soldado al negársele tanto el uso de los vestuarios masculinos como "una limitación notoria" en el uso de los femeninos, "sólo habilitando una suerte de tierra de nadie ante la rigidez del estamento".
Por lo que se pone de manifiesto "distintos incumplimientos graves y culpables causados por la administración demandada" y que podrían suponer la "existencia de una conducta lesiva de los derechos fundamentales" de la militar transgénero.
Por todo lo anterior, reclama una indemnización por daños y perjuicios por valor de 49.180 euros, basando el cáculo en otras sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
