Atendiendo a lo dispuesto en el BOE: "toda persona que viva en España está obligado a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente", ya que el censo aspira a tener censados todos los ciudadanos que "residen habitualmente en un municipio y, por residencia habitual se entiende "el lugar en que la persona vive en el momento del censo, y en el que ha estado o tiene intención de permanecer por algún tiempo". 

De igual manera, el BOE de 2 de mayo de 2020 (en relación a una ley anterior publicada el 28 de abril de 2015), sostiene que "la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio". 

Por lo que el okupa que haya conseguido acceder y quedarse en una vivienda puede empadronarse en ella, una muestra más del mundo al revés que supone la okupación. 

Es más, para lograr el empadronamiento no es necesario ni un contrato de alquiler ni los papeles que demuestren la posesión de la vivienda, es suficiente con presentar algún docunento que acredite que se vive en un lugar concreto que se fija como residencia. A lo que hay que sumar el hecho de que una persona empadronada en una vivienda puede censar, al mismo tiempo,a las personas que viven con él. Con el empadronamiento los okupas consiguen beneficios. Primero, demuestran que vivien en la vivienda. Segundo tienen acceso a ayudas públicas que precisan de un domicilio, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital. Y por último, si el okupa tiene hijos y los censa en la vivienda, se declara la situación de vulnerabilidad, por lo que no podrían ser expulsados del domicilio. 

Mientras todo esto ocurre, y el okupa va cosechando derechos, Pedro Sánchez está en plena tramitación de su ley de vivienda comunista. Aunque nos intente vender sus mentiras sobre okupación, no debemos olvidar el fondo de este proyecto estrella del Gobierno, una burrada comunista que atenta contra la propiedad privada.

Por partes, me obligan a alquilar mi vivienda -o me suben el IBI hasta 2,5 veces- y además tengo que alquilarla al precio que me digan. Porque claro, la vivienda es un derecho, pero la propiedad privada es un deber.

Junto al bono social se crean más subvenciones para el alquiler, lo que tendrá como efecto que aumente el precio del alquiler. Y, claro está, se promociona el alquiler, no la propiedad en los jóvenes. Y así, no enseñamos a los jóvenes la cultura del esfuerzo para adquirir una vivienda en propiedad.

Por supuesto, a los okupas ni se les toca, pueden seguir haciendo y deshaciendo porque no se podrá desahuciar al vulnerable: de la vulnerabilidad del propietario no hablamos, que no está en la agenda socio-podemita.