
Primero debemos recordar que Pedro Sánchez asegura que: "Los bulos han hecho que el 34% de los ciudadanos tema que les ocupen su casa, cuando este problema afecta a menos del 0,06% de las viviendas del país". Y todos sabemos que Sánchez siempre dice la verdad, es más, tiene la verdad absoluta de todo, por lo que concluimos que la okupación es un bulo, de la ultraderecha, concretamente.
Y parece que el Ministerio del Interior, con su ministro, Fernando Grande-Marlaska, participan del bulo, porque han publicado los datos de las denuncias por okupaciones de vivienda en 2024, y no se lo van a creer: han repuntado un 7,4%, con 16.426 casos registrados por las Fuerzas de Seguridad.
Cataluña sigue liderando el ranking con 7.009 denuncias, representando el 42% del total nacional, con un aumento del 12% respecto al año anterior, mientras la Comunidad de Madrid y Andalucía han visto reducir el dato en un 4,3% y un 5,3%, respectivamente.
Hoy queremos dar las gracias por su tiempo y empatía a @IdiazAyuso.
— Plataforma Afectados Ocupación (@leyantiocupas) February 4, 2025
Ojalá más políticos con tanta implicación y ganas de hacer.
Esperemos que pronto se puedan materializar tantas buenas ideas para acabar con la okupacion e inquiokupacion #NoSomosUnBulo#leyantiocupaspic.twitter.com/pr2bgbEMuX
Pese a que la okupación sea un bulo, el dato es llamativo, sobre todo si nos fijamos que en 2010 sólo había unos 3.000 casos anuales, lo que supone que se han multiplicado por cinco los casos de okupación.
Pero Grande-Marlaska quiere seguir siendo ministro, por lo que tiene que apoyar la teorá del líder, así, ha afirmado que las estadísticas no distinguen entre ursupaciones y allanamientos, y que él nos promete que la mayoría son ursupaciones, es decir “no es que alguien baje a por el pan y al volver encuentre su casa ocupada”.
Con este panorama, la Plataforma de Afectados por la Okupación denuncia que la ministra de Vivienda lleva cuatro años sin querer recibirles: "Desde 2021 enviamos cada mes una solicitud de reunión al registro de los ministerios de Vivienda y Justicia, sólo una vez nos contactaron. Fue en 2023, para decirnos que la nueva ley ya se iba a aprobar y no teníamos margen".
Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma, asegura que "el Gobierno minimiza el problema para usarlo como arma contra Ayuso".