Hace unos días contábamos en Hispanidad que la policía había detenido a los propietarios de un piso por intentar echar a unos okupas. 

Los dos hombres, de nacionalidad francesa y de 84 y 53 años, accedieron a su vivienda para echar a los okupas, pero fueron detenidos por la Polícia Local de Calella (Barcelona). Tras una llamada de los okupas a la policía, los Mozos de Escuadra de Pineda de Mar se personaron en la vivienda y detuvieron a los propietarios, trasladándoles a las dependencias de la comisaría. 

Era la tercera vez que okupaban la vivienda, situada en uno de los bloques de los Apartamentos Codina de Calella, zona muy afectada por la okupación. También decíamos que resultaba cuanto menos irónico que los dos propietarios acabaran en el calabozo, puesto que Vox propuso penas de cárcel para los okupas, pero no salió adelante porque PSOE y Podemos se opusieron por ser un "castigo desproporcionado". Es un castigo desproporcionado para el pobre y vulnerable okupa, no para el propietario legítimo de la vivienda, ¿comprenden?

Ahora el tema pasa de irónico a sangrante. El Juzgado de Instrucción 5 de Arenys de Mar (Barcelona) ha ordenado a los Mozos de Escuadra desalojar a los okupas y devolver el piso a los propietarios, ¡faltaría más!... Y lo sangrante llega ahora: los okupas han sido condenados por un delito leve de usurpación a pagar una multa, agárrense, de sólo 90 euros. Dada, naturalmente, su "situación de vulnerabilidad y precariedad". Y ojo, porque aunque se trate de una segunda vivienda, el propietario no ha podido residir en ella desde el 2016 debido a la "invasión constante de ocupas", pero claro, los okupas aseguraron que lo hacían "por razones de necesidad: si no se encontraban obligados a dormir en la calle". 

Es decir, le okupan la casa, intenta recuperarla y le detienen por un delito de lesiones leves, que sigue pendiente de juicio, y atención porque este tipo de delitos son penados con multa de uno a tres meses. El importe de la multa que el 'agresor', en este caso, el propietario legítimo, deberá pagar durante los meses que indique el juez, se establecerá de acuerdo a su condición socioeconómica. Tengan en cuenta que se trata de un señor que tiene una segunda residencia, un hijo del dólar, para entendernos, multa máxima, seguramente superior a la que tienen que pagar los okupas, y si no realiza los pagos, se le imputará un día de cárcel por cada dos cuotas de multa que haya dejado de pagar. ¡Ah! y tendrá, cómo no, antecedentes penales. 

Mientras, el okupa, persona vulnerable, que sigue en su derecho de volver a okupar otra vivienda, se le multa con 90 escalofriantes euros... Así está España.