Pilar tiene su vivienda okupada desde septiembre de 2023, cuando su hijo le contó la situación que estaba atravesando un chico de su centro de estudios. El hijo de Pilar le contó que la familia de este chico se había quedado sin casa, por lo que no dudaron en ayudarles dejándoles su vivienda para que pudieran pasar unos días.
Según la denuncia de Pilar, unos meses después empezó a pedirles que abandonaran la casa pero "comenzaron a excusarse para no abandonar la vivienda".
Al cabo de unas semanas, los okupas le prometieron a Pilar que se marcharían después de Navidad, cosa que no sucedió: "Desde enero de 2024 y hasta el día de presentación de esta denuncia han sido infinitos los intentos amistosos para tratar que los denunciados abandonasen la vivienda".
"En el momento en el que le pedimos, ya de malas maneras, que se marcharan, pues hicieron lo que hacen los malos pagadores, te dejan de hablar. Me bloquearon".
Pilar, vecina de Mos, en Pontevedra, decidió judicializar su caso tras año y medio de okupación, sin poder acceder a su vivienda y teniendo que hacerse cargo de los gastos. Esta situación la ha llevado al límite, hasta tal punto que un momento de desesperación se 'coló' en la casa.
"Vi la ventana abierta, y fue tal la rabia que sentí que me metí dentro; mi marido se quedó negro porque decía que me iba a meter un lío". Pilar afirma en una entrevista que los okupas le han denunciado por entrar en su propia casa: "Los agentes me dijeron que ellos no pueden hacer nada y que los okupas me pueden denunciar, pero me da igual. Esto es la guerra".
Pilar describe que su casa está "en un estado deplorable, lleno de jaulas con pájaros, ratones muertos y restos de comida en medio de un desorden y un caos terrible, acompañados de un olor muy penetrante".
La intención de la propietaria era quedarse en la vivienda pero el mal olor era insoportable, por lo que se fue y ha decidido empezar una huelga de hambre en su casa hasta que los okupas se marchen: "Fue un acto de caridad, de buena fe, y me parece que esto es un abuso. Una cosa son gente vulnerable y otra son estos jetas; la ley tiene que distinguir entre estos dos tipos de personajes".
Pilar hace referencia al Real Decreto 11/2020 aprobado por el Gobierno social-podemita, el cual se ha convertido en un absoluto escudo para los okupas, que se declaran en vulnerabilidad. Así los inquilinos dejan de pagar y si el propietario toma medidas da comienzo un largo proceso: el juez inicia el plazo para que el okupa acreditela vulnerabilidad, el inquiokupa no lo acredita, se archiva la pieza, y el proceso de desahucio se reanuda, se marca nueva fecha, pero el inquiokupa vuelve a presentar un incidente de suspensión por vulnerabilidad, y vuelta a empezar. Mientras tanto, los propietarios no reciben el dinero del alquiler y tienen que seguir pagando hipoteca, luz, gas, agua, comunidad y suministros. Si no, podrían ser acusados de acoso o coacción contra el okupa.
