Decíamos en Hispanidad que la Diputación de Vizcaya (PNV-Bildu-PSOE) declara la situación de "excepcionalidad" por la avalancha migratoria: los 16 centros forales albergan a 602 menas, al 150% de su capacidad. Hace tan sólo un mes, la Fiscalía reconoció que el 64% de detenidos por delitos sexuales en esta provincia son inmigrantes.

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Respecto a delitos contra la libertad sexual, durante 2023 se registraron 56 violaciones perpetradas por adolescentes menores de 18 años, en los centros de menas del País Vasco, una cifra que supone un aumento del 93% respecto al año anterior. A estos datos se suman 24 casos de abusos sexuales y un incremento del 40% en las denuncias relacionadas con este tipo de delitos en menores en tan solo un año.

Según la Fiscal Superior de la comunidad autónoma, Carmen Adán, quien expuso estos datos en el Parlamento vasco durante la presentación de la última memoria de actividad del Ministerio Público, los delitos cometidos por jóvenes inmigrantes son cada vez más graves y preocupan especialmente las infracciones contra el patrimonio, las lesiones, los hurtos, los robos con fuerza y las conducciones temerarias, aunque los delitos sexuales son los que más inquietud generan.

Según la memoria, 12 de las 48 denuncias de agresiones sexuales en estas instituciones involucraron a jóvenes tutelados, con algunos casos ocurridos dentro de los propios centros. Aunque Adán destacó la diligencia de las diputaciones en denunciar y proteger a las víctimas, sugirió la revisión de los modelos actuales de estos espacios para prevenir futuras agresiones.

Adán subrayó que en una sociedad «muy sexualizada» y considerando los problemas de afectividad y la explosión hormonal de los adolescentes tutelados, podría ser «interesante reconsiderar los modelos de convivencia». A pesar de que la Diputación de Bizkaia defendió su sistema basado en criterios técnicos y socioeducativos, el Departamento de Acción Social se comprometió a «analizar la viabilidad de separar a chicos y chicas» en estos centros.