El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sólo defiende a parte del pueblo / Foto: Pablo Moreno
El Defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha llevado este jueves 21 de noviembre al Pleno del Congreso su 'Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos’, que ya había presentado previamente en otras instancias.
Gabilondo ha declarado que "las víctimas esperan una respuesta concreta a su situación y que no se postergue" y que "es imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos". "Se ha de anteponer la reparación a las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia".
Según ese informe, el 0,6% de los españoles afirma haber sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote o religioso católico antes de los 18 años, cifra que, si se extrapola, resulta en unos 440.000 los menores que habrían sufrido abusos sexuales en el seno de la iglesia, cifra que no se cree nadie…, ni tan siquiera el mismo Gabilondo.
Semejante cifra -y semejante informe- fue refutado y rechazado en su día por el entonces presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, quien señaló que se trababa de una "extrapolación maliciosa". Es decir, que Gabilondo miente, según Omella.
La realidad es que este falso informe y la figura del Defensor del Pueblo han sido utilizados por Pedro Sánchez para arremeter contra la iglesia católica y para desviar el foco de otras cuestiones de las que a él no le interesaba que se hablase mucho.
Insistimos: un solo caso de pederastia clerical resulta vomitivo y especialmente grave. Y todos hay que condenarlos. Y solidarizarse con las víctimas. Pero de ahí a falsear las cifras y a poner el foco solamente en los abusos en el seno de la Iglesia cuando suponen el 0,2% de los abusos sexuales en España, va un abismo... interesado.
Y esto lo explicó mucho mejor, el 28 de abril de este mismo año, el arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz Montes: "Estamos ante un problema social, en el que como comunidad cristiana representamos el 0,2 de su conjunto, y no el 99,8 que parece que no interesa desde una focalización a lo exclusivamente eclesial, lo cual no es inocente. Es inaceptable la arbitraria imputación que nos expone sólo a nosotros con tan poco porcentaje delictivo a toda una serie de medidas legales, fiscales, económicas y sociales. Lo cual no significa que lo que nos afecta debamos asumirlo, prevenirlo y acompañarlo de la mejor manera posible como estamos haciendo. ¿Qué quieren tapar o distraer quienes siguen en esta viciada matraca? Quid prodest?, decía Séneca (¿a quién beneficia?)".
