La Reforma del Código Penal busca criminalizar a los cazadores.
Como publicamos en Hispanidad, el pasado domingo 20 de marzo el campo triunfaba en Madrid, mientras Pedro Sánchez perdía la calle. En la manifestación se concentraban más de medio millón de agricultores, ganaderos y cazadores, estos últimos formaron una marea naranja durante todo el recorrido, de la Estación de Atocha hasta el Ministerio de Transición Ecológica. Pero, ¿por qué acudieron los cazadores?
Su principal motivación era protestar contra la reforma del Código Penal y el Anteproyecto de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, cuyo objetivo es personificar a los animales y cosificar -o animalizar- a las personas. La declaración de los animales como ‘seres sintientes’ en España ya es una realidad, con el fin de dotar a los animales de un estatuto jurídico diferente al de los bienes y que sean considerados “seres vivos dotados de sensibilidad” y no cosas.
Esta Reforma del Código Penal busca criminalizar a los cazadores, castigando con pena de cárcel de seis meses a dos años y medio a “quien maltrate a un animal vertebrado” y otorgando la protección con la que cuentan los animales domésticos a toda la fauna salvaje.
Según Fedexcaza, reivindican “el fin de las políticas anti-caza del Gobierno, reivindicar la importancia del sector como una actividad generadora de economía, fijadora de empleo y que aporta enormes beneficios sociales, medioambientales y culturales al mundo rural”.
Las leyes ecologistas ya han acabado con diferentes modalidades de caza tradicionales de España como la contrapasa, el silvestrismo y la caza de la tórtola y las prohibiciones continúan. El conejo, la perdiz roja y la codorniz gozan de la misma vulnerabilidad con la que se cataloga al lince ibérico. Además, desde Fedexcaza se reivindica la revocación del lobo dentro del Listado de Especies Protegidas.
La caza es una importante actividad económica del medio rural, a la vez que fundamental para el control poblacional de diversas especies, genera más de 6.474 millones de euros y crea 187.000 puestos de trabajo, además de ser un importante elemento fijador de la población en el mundo rural.
Los cazadores protestan y con razón. La cinegética, sustento del mundo rural, está en peligro, y con esta ley no se busca elevar al animal sino denigrar al hombre.