"No podemos más y la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha tenido que registrar una petición de auxilio y amparo a la Unión Europea para que se deje de vulnerar sistemáticamente los derechos de las víctimas de la inquiocupación". Las mentiras de las propuestas de Sánchez y la inacción del Gobierno ha terminado por hartar a la Plataforma que ha presentado una denuncia ante la UE por "la vulneración de derechos de las víctimas de la inquiocupación por la aplicación del RD 11/2020, de 31 de marzo y sucesivas prórrogas en materia de desalojos y desahucios".

Los 'inquiokupas' son aquellos inquilinos alquilados que dejan de pagar la renta al propietario y se niegan a abandonar la vivienda es, por ejemplo, el caso del que se hizo eco Hispanidad ocurrido en El Rompido. De acuerdo con los datos de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, los 'inquiokupas' representan el 70% de los casos, septiembre de 2021. Cuando la Plataforma convocó su primera manifestación, ya atendían cientos de llamadas de "lo que popularizamos como INQUIOCUPACIÓN".

En esta situación, y tras el silencio del ejecutivo después de la concentración, la Plataforma de Afectados redirigió sus comunicaciones a la cartera de Justicia: "Cada mes, durante 17 meses se remitió a la ministra Pilar Llop, una solicitud por registro para comenzar el diálogo y exponer el desamparo de las víctimas ante los delitos de ocupación e inquiocupación. Tras 17 meses sin respuesta, y tras el gran paréntesis transcurrido entre el texto del anteproyecto de ley de vivienda y la propuesta actual (demorado por desavenencias internas entre los partidos del gobierno) la Plataforma recibió la primera contestación de Justicia (16 de enero 23), donde se indicaba lo siguiente:

“... actualmente se encuentran en debate en el Congreso de los Diputados diferentes iniciativas sobre ocupación... Por respeto a la decisión de las Cortes Generales, que terminará siendo ley (Ley de vivienda) consideramos prudente esperar a la decisión que tomen las mismas (Cortes Generales) para abordar con ustedes esta problemática”."

Ante el abandono, las víctimas de la inquiocupación recurrían a la justicia, y mientras los juzgados se pronunciaban a favor de las víctimas, los inquiocupas recurrían a la herramienta estrella del RD 11/2020: la solicitud de vulnerabilidad. Proceso que podía demorar hasta 6 meses más la posible fecha de lanzamiento. "La sobrecarga de los servicios sociales hacía incumplir plazos de informes, pero sobre todo, favorecieron la concesión de miles de informes de vulnerabilidad bajo la sospecha de no contrastar la información aportada por los inquiocupas, lo que se ha traducido en millones de euros de ayuda para falsas familias vulnerables. Sin embargo, las ayudas del catálogo de servicios sociales, no incluían recursos habitacionales para quienes lo necesitaran, por lo que se comenzó a derivar esta responsabilidad de las administraciones públicas sobre familias de clase media baja, sin posibilidad de recurrir ante ninguna institución nacional para solicitar amparo".

Con el fin de evitar estas y otras consecuencias, así como para prever que los errores cometidos por el ejecutivo en materia de desalojos y desahucios en la propuesta de Ley de la Vivienda, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha registrado una Petición a la Unión Europea con el objetivo de: “solicitar Audiencia al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para instar a las instituciones europeas a un análisis de la medida de suspensión de los desahucios aprobada por el Estado español y valorar si incumple o vulnera derechos fundamentales, como el de la propiedad”.