Audiencia de Barcelona
Una vez más, vamos a hablar de menores tuteladas -protegidas- por el Estado... o no. Porque, a los casos en los que se haya implicada la izquierda en Baleares, con Armengol, en Valencia, con Oltra, en Asturias, con Barbón,...hay que sumar otro en Barcelona, con ERC al frente de la Consejería de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña. En este último caso, se ha condenado a dos hombres a 12 y 9 años de cárcel por prostituir y drogar a menores tuteladas.
En su sentencia, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona condena a los dos procesados por los delitos de inducción a la prostitución y tráfico de drogas, pero les absuelve por falta de pruebas del de agresión sexual que también les atribuía la Fiscalía, que les acusaba de violar a las jóvenes tras drogarlas. El tercer acusado deberá cumplir cuatro años de prisión por un delito contra la salud pública.
Según cree probado el tribunal, los hechos ocurrieron en 2022, cuando uno de los acusados contactó por redes sociales con una menor que estaba bajo tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat e iniciaron una relación sentimental.
A partir de entonces, la víctima se escapaba habitualmente del centro de menores donde residía para encontrarse con su entonces pareja en el piso de otro de los acusados, donde los condenados le ofrecían droga y dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. ¿Dónde esta pues esa protección desde los centros y desde las instancias más altas que representan al Gobierno que debería proteger a esos menores?
No sirve la respuesta del caradura de Adrián Barbón, presidente de Asturias cuando abogaba por la “tolerancia cero” ante los abusos a menores tuteladas... que su Gobierno tenía la obligación de proteger y no protegió .Mientras la consejera de Asuntos Sociales, quien definió como "cosas de la vida" la explotación sexual de niñas de entre 13 y 17 años, por parte de 12 detenidos, respondía al PP y Vox que si tiene que pedir perdón por su "frase desafortunada", lo pedirá.
Esto por no centrarnos en el caso de Mónica Oltra, ex vicepresidenta de la Generalitat de Valencia, de quien lo último que hemos sabido es que la víctima de los abusos del su exmarido pide para ella 3,5 años de prisión y 12 de inhabilitación. Le acusa de prevaricación, malversación y un delito contra la integridad moral, por tratar de encubrir a su exmarido.
En la derecha, en concreto en el Gobierno de Ayuso, tampoco podemos olvidar el caso de las niñas prostituidas en la red de explotación sexual descubiera en la región en 2022. Entonces, según ABC, la Consejería de Políticas Sociales reconoce que algunas de las niñas que fueron explotadas sexualmente, violadas y enganchadas al crack por medio de esta mafia sí que estaban tuteladas en centros especiales de la Comunidad.
En todos los casos, si su labor era protegerlas, ¿por qué han sido víctimas de explotación sexual? Si en algunos casos el Gobierno les retira la custodia a los padres que no se hacen cargo de sus hijos, los lleva a estos centros para que los tutele, es decir para que vele por ellos, la autoridad correspondiente y acaban en tramas como esta, ¿quiénes son entonces los responsables? Desde luego, los menores tutelados, no.
