Como ha explicado Hispanidad, en la pasada legislatura el Gobierno socialista-comunista aprobó una serie de leyes que imponían la cultura de la muerte en España, como fue la ampliación del aborto hasta convertirlo en derecho y la aprobación de la eutanasia, vista también como un supuesto derecho.

Además en el caso de la ley del aborto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez impuso la creación de un registro de médicos y personal sanitario objetores a matar niños en el vientre de sus madres. 

El citado registro de médicos y personal sanitario objetores al aborto fue denunciado por ellos como un señalamiento: “Son listas para señalar a la gente porque, si lo que necesitan las administraciones son personas que les ayuden a cumplir este derecho a morir, pues que creen un registro de quien quiere ayudarles a cumplir con esa ley”, asegura una enfermera, como recogió Hispanidad. 

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Por ejemplo, la presidenta de la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia del Personal Biosanitario, Eva Martín, señaló: “Nosotros estamos amparados por el artículo 16 de la Constitución. Nosotros ganamos una sentencia en el Tribunal Constitucional en 2015 en el que se reconoce la objeción de conciencia de un farmacéutico a no vender la pildora poscoital”. Y añadió: “Nos señalan, y muchos profesionales en su trabajo son vetados a muchos puestos por ser objetores de conciencia. No es necesario apuntarse en ningun sitio, que se apunten los que quieran realizar estos actos (aborto o eutanasia, entre otras prácticas), que tendría más sentido común”.

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En ese contexto, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) y Profesionales por la Ética han emitido una nota de prensa en la que manifiestan su "firme oposición" al registro de objetores propuesto por la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Consejo Interterritorial.

"Esta medida constituye un ataque directo a derechos fundamentales por las siguientes razones: Vulnera los derechos humanos: La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias. 
Discriminación: Un registro de médicos y personal sanitario objetores del aborto implica discriminación, e incluso estigmatización, de los que en él aparezcan.   
Privacidad: La creación de un registro puede implicar la recopilación y almacenamiento de información personal sensible. Represalias: Un registro de objetores podría abrir la puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo".

"Desde la sociedad civil, instamos a la ministra de Sanidad a reconsiderar esta propuesta, que supone un retroceso en los derechos fundamentales de los profesionales sanitarios”, explica Miguel Gómez de Agüero, presidente de Profesionales por la Ética.

“La objeción de conciencia es un derecho que protege los principios éticos y las creencias de los profesionales. Este registro limita este derecho”, añade María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa. 

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