Decíamos en Hispanidad que la petición de unos padres en Canet (Barcelona) de que su hija recibiera el 25% de enseñanza en castellano y la posterior sentencia judicial a favor derivó en una persecución a la familia de la pequeña, de cinco años de edad.

Los investigados por acosar a la familia de Canet, que consiguió en los tribunales un 25% de clases en español para su hija, poniéndose en contra a la dirección del centro, a la Generalitat y al independentismo, alegaron que son «castellanohablantes» para evitar ser juzgados por sus hirientes comentarios en las redes sociales.

Según el juez instructor, uno de ellos «hizo un llamamiento a aislar a la menor», esto es a la hija de cinco años de Javier Pulido, «y a que tuviera un grupo escolar específico para ella por las pretensiones lingüísticas de sus padres, dejándola sola en el centro escolar, con las consecuencias humillantes que ello comporta», completa el magistrado, quien también recuerda que el investigado dirigió públicamente a la familia insultos como «colonos no integrados y terroristas».

Un segundo realizó el mismo «llamamiento a aislar a la menor» y que sus mensajes incluían la letra «Ñ», «en referencia a ñordo, expresión con la que usualmente se insulta a los españoles».

Del tercero, precisa el juez que «publicó diversos mensajes apuntando expresamente a la familia afectada con nombres y apellidos, de forma que fuera conocida públicamente y señalada por sus reclamaciones lingüísticas, haciendo un llamamiento a que sufrieran un infierno mediático, para hacerles la vida imposible hasta que se marchasen del pueblo en el que vivían, advirtiendo además a otras familias que se marchasen si presentaban la misma reclamación lingüística». Todo ello, remarca el auto, «en un contexto de desprecio a quienes hablan castellano en Cataluña».