Y más, la ley es obra de Irene Montero, pero sigue vigente gracias al apoyo de la socialista Ana Redondo
Contábamos ayer en Hispanidad el caso sucedido de un ertzaina que fue detenido el pasado sábado acusado de intentar agredir a su esposa con un cuchillo de cocina en San Sebastián, se ha conocido que en noviembre cambió de sexo en el registro civil, lo que condiciona el proceso judicial para tramitar el caso como violencia de género, y es que legalmente consta que es una mujer. La Fiscalía está investigando si se trata de un posible fraude de ley, y es que sólo consta el cambio de sexo, pero el ertzaina sigue con su aspecto masculino y su nombre de varón.
Y hoy salta un nuevo caso, esta vez en Sevilla, donde un hombre se ha cambiado de sexo para tratar de eludir un juicio por violencia machista. Lo ha denunciado el abogado de la víctima, José Antonio Sires, que asegura que su clienta rompió la relación hace cinco años por los malos tratos que sufrió durante más de 10 años, hechos que denunció en varias ocasiones en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla.
Hace una décana la justicia otorgó varias órdenes de protección a la mujer, pero su agresor las quebrantó reitaradamente, hasta que en 2019 fue condenado a 15 meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas, pero no entró en la cárcel hasta septiembre de 2023, ya que hizo uno de varios recursos, todos ellos desestimados, según informa el Diario de Sevilla.
Ahora ha trascendido que en agosto el agresor cambió de sexo amparándose en la ley trans, para el abogado de la víctima, esto es un “indubitado fraude de ley", pues el maltratador "busca ser enjuiciado por un juzgado de lo penal y no por uno específico de violencia de género, y por ende evitar las penas concretas para el hombre que ejerza violencia física o psicológica contra su mujer o ex mujer".
En cualquier caso, sea o no admitido el cambio de sexo como una forma de evitar ser juzgado como violencia de género, nos encontramos ante un nuevo caso entre los ya muy numerosos litigios en los que los hombres usan la ley para librarse de cárcel, acceder al sistema de protección de víctimas de violencia machista o que se declaran mujeres para evitar la condena.
Insistimos, la ley es muy clara: reconoce la identidad de la persona trans a través de un procedimiento administrativo en el Registro Civil, donde la persona interesada expresará su voluntad ante el funcionario y será efectivo a los tres meses cuando ratifique su deseo. Así, elimina cualquier informe o diagnóstico médico o psicológico que acredite su disforia de género y la necesidad de haber recibido un tratamiento de hormonas de al menos dos años. Entonces, ¿por qué en este caso hablaríamos de fraude de ley?
Y más, la ley es obra de Irene Montero, pero sigue vigente gracias al apoyo de la socialista Ana Redondo.
