En Hispanidad les hemos contado casos que demuestran que la okupación es un negocio, más allá del lucro personal de vivir sin coste de vivienda. Y como buen negocio, se va sofisticando. Una de las especialidades de las mafias consiste en okupar pisos que son comprados por la Agencia de la Vivienda Social (AVS), el antiguo Ivima. 

Al poco de ser dehabitados y antes de que la Comunidad de Madrid tenga tiempo de entragárselo a otros inquilinos vulnerables, estas mafias entran en la vivienda y la okupan. Supuestamente estarían accediendo a la información pública sobre qué inmuebles están en el proceso de ser entregados, aprovechando que no están habitados para entrar.

Por ejemplo estarían entrando a las actas de la mesa de contratación que se cuelgan en el Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid. Ahí aparece el acuerdo de compraventa, no cuándo va a ser efectivo, pero les vale para conocer la dirección, con unos días observando pueden saber si ya hay nuevos residentes o no.

Pues bien, ahora Sumar, la formación de Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra y Bildu quieren ponerlo un poco más fácil, no vaya a ser que los okupas se cansen demasiado. Para ello, han exigido al Ejecutivo del País Vasco, en manos de PNV y PSOE, un censo con los datos de "viviendas permanentemente desocupadas", a través de una moción en el Parlamento de la Comunidad Autónoma.  

Ambas formaciones plantean una medida "relativa a las viviendas deshabitadas y a la aplicación del canon de la vivienda vacía" y exige "un registro de viviendas desocupadas, la utilización de la figura del canon a la vivienda vacía, y el alquiler forzoso de la vivienda desocupada", para "garantizar la función social de la vivienda en una situación de emergencia habitacional". 

Asimismo, instan al Gobierno a "oficiar a las empresas suministradoras de servicios, recordándoles la obligación de facilitar a los Ayuntamientos que lo requieran la identificación de las viviendas con consumos anormalmente bajos". Es decir, obligar a las empresas de suministros a que den chivatazos de viviendas vacías. Ellos siempre tan democráticos piden que se les recuerde a estas empresas "las consecuencias que pudieran derivarse de la falta de cumplimiento de este precepto legal establecido en la Ley Vasca de Vivienda 3/2015".

Debemos recordar que Sumar y Bildu ya son socios de PSOE y PNV a nivel nacional, por lo que el parlamento ha aprobado una medida, algo distinta, pero sobre este asunto. Se trata de un texto que pide "proporcionar a los Ayuntamientos" la información que tenga el Ejecutivo autonómico para que los consistorios puedan declarar como viviendas deshabitadas ciertos inmuebles.

Parece que la izquierda no quiere enterarse: el 90% de las personas que arriendan inmuebles en España son pequeños propietarios que usan la renta para completar la pensión, no malvados fondos buitre.