Cuando se habla de vulnerabilidad en un caso de okupación suele ser para indicar que el okupa se ha declarado como tal, todo con el fin de evitar ser desalojado, pero pocas veces se mira del lado del propietario, cuyo caso puede desembocar en una verdadera situación de vulnerabilidad por la caradura del okupa. 

Es el caso de Jordi, un joven de Cornellá de 30 años, que se ha visto obligado a sacar a su madre con Alzheimer de la residencia donde estaba interna, ha dejado el trabajo y ahora es él el que tiene que cuidarla: "El dinero del alquiler nos servía para pagar la residencia. Después de 13 meses sin cobrar, no podemos hacer frente a los pagos, así que he tenido que dejar de trabajar para cuidarla yo mismo en casa, porque contratar a alguien que esté con ella 24 horas nos sale mucho más caro. Pero claro, ni los cuidados son los de un especialista ni la estimulación es la misma".

Además también tiene que hacerse cargo de su padre de 79 años y con un grado de dependencia dos: "Antes, iba a trabajar y me venía rápidamente para estar con él, pero ahora estoy las 24 horas en casa, los 365 días del año. He tenido que dejar de quedar con mis amigos, no puedo tener pareja estable… Y eso sin contar con que, aunque la tenga aquí a mi lado, he perdido a mi madre, porque ya ni siquiera puedo tener una conversación con ella por culpa del Alzheimer". 

Jordi ha recurrido a la Plataforma de Afectados por la Ocupación desesperado: "No es justo que tengamos que ser el escudo social del Gobierno. Y yo lo único que pido es que se acelere esto, porque no puede ser que, después de 13 meses, sigamos sin tener una fecha de desahucio. Esa es mi mayor angustia, porque a mí el paro se me termina en septiembre y, a partir de entonces, sí que ya no sé cómo vamos a poder vivir".

Para colmo su okupa vive sin preocupaciones: "Ella está viviendo su vida loca e incluso estará ganando dinero a nuestra costa, porque sé que realquilaba al menos una habitación. ¿De verdad alguien cree que esto es normal?".

"Todo lo que tenemos lo ha conseguido a base de sudor, esfuerzo y ahorro. Terminaba su trabajo y se iba a hacer un extra", recuerda Jordi de su madre, que vino de Perú a los 22 años, limpiando casas consiguió comprar dos pisos, uno para vivir con su familia y otro para alquilar, todo con la intención de que nunca les faltara nada. 

Tenían una inquilina que pagaba el alquiler pero realquilaba una de las habitaciones, la madre de Jordi lo permitía porque sabía la dificultad de llegar a fin de mes. En 2017 se marchó, dejando a la otra mujer en el piso, fue entonces cuando la madre de Jordi con 58 años fue diagnosticada de Alzheimer galopante. 

Al ser propietaria de dos pisos y menor de 65 años no tenía derecho a residencia pública por lo que recurrieron a una privada con un coste de 2.200 euros. Por lo que la renta del otro piso se convirtió en el sustento del pago de la residencia. Pero al año comenzaron los problemas. 

"En febrero de 2023, le renovamos el contrato y en mayo dejó de pagar", denuncia Jordi. "Fui a ver el piso y había muebles hechos polvo, pero por ella misma. Tenía la encimera del lavabo reventada y eso era evidente que era por un golpe, pero ella decía que no. Consulté con una abogada y me dijo que yo no tenía que hacerme cargo de esas cosas, y además es que tampoco me lo podía permitir, porque tenía que hacer frente a una derrama, pero empezó a amenazarme".

Era la primera vez que daba problemas aunque ya le dejó a deber 600 euros tiempo atrás: "Me debía 600 euros del anterior contrato y, al firmar el nuevo, me dijo que como eso no constaba en ningún sitio, que ya no me debía nada", denuncia Jordi.

Cuando dejó de pagar, Jordi presentó la denuncia, ya hace más de un año, y aún sigue sin fecha de juicio ni lanzamiento: "Ya es la segunda vez que solicita asistencia jurídica gratuita: la primera vez se la rechazaron, pero ahora la ha pedido otra vez, así que vuelta a empezar". 

Con la pensión de sus padres y el paro que le queda hasta septiembre, Jordi hace frente a los gastos, las dos hipotecas y los impuestos: "Esa es otra cosa que no soy capaz de entender. Nadie nos devuelve nuestra casa, pero los impuestos los tenemos que seguir pagando. Y sólo en IBI de las dos casas estaremos pagando 1.600 euros. Es incomprensible que el Estado nos pida que paguemos los impuestos de una propiedad de la que no podemos disponer por su culpa".