El conjunto monumental del Valle de los Caídos, que integra, entre otros, la Cruz, la Abadía benedictina, la Basílica de la Santa Cruz del Valle o la Hospedería, ha sido foco de las más diversas mentiras y patrañas históricas. Desde Hispanidad lo hemos denunciado, Sánchez está obsesionado con derribar la cruz, "esa horrible cruz", como dijo la socialista Carmen Calvo. El plan también pasa por la expulsión de la comunidad benedictina a cuyo frente está el prior Santiago Cantera, aunque ahí siguen resistiendo estoicamente, pese a no haber recibido ni un euro, de los que les corresponde, para la conservación de la Abadía. Las exhumaciones también están en el punto de mira del Gobierno, aunque como recogió Hispanidad, están paralizadas. 

Ahora, OKdiario ha hablado con la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, quienes aseguran que ya son 258 familias las que han mostrado su oposición a que se toquen los restos de sus allegados y avanzan acciones legales en el caso de que el Gobierno los extraiga de las tumbas, los remueva, manipule o someta a pruebas de ADN, asegurando que tomarán "todas las instancias judiciales necesarias" para proteger el derecho de los allí enterrados. 

Según informa el medio, el principal problema que ven los familiares es el mal estado de las tumbas. En un informe forense del 2011 con Zapatero al frente se admitió que los restos óseos están esparcidos y mezclados, lo que hace que la inmensa mayoría de las identificaciones sean casi imposibles. Además, añaden, son conscientes de que la Justicia reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos, pero también de aquellos otros que no quieren hacerlo, y reclaman el "derecho a la digna sepultura", aferrándose en un auto del 2016 del juzgado de San Lorenzo de El Escorial, que reconocía el mencionado derecho advirtiendo que "la situación específica del estado de los restos cadavéricos en el cementerio del Valle de los Caídos debe ser tenida en cuenta".

El auto continuaba su aviso: "el derecho reconocido no es ilimitado, ya que la situación en la que parece encontrarse el cementerio del Valle de los Caídos, determina que las medidas que deben ser adoptadas sean proporcionales" de forma que "se permita realizar todas las acciones necesarias para la entrega de restos, adecuadas a la referida proporcionalidad". El auto señala que "en todo momento debe garantizarse la integridad de los restos cadavéricos» y también se advierte «el respeto a la memoria de los difuntos del propio cementerio" y "el respeto a la consideración debida a la Basílica donde se encuentran depositados".

Para entendernos, en el Valle de los Caídos están enterradas unas 34.000 personas, de las que 12.510 no están identificadas, es decir, no se sabe si están allí o no. Esto es importante, porque de las 60 familias que han solicitado exhumar los cuerpos de sus familiares, la mayoría no están identificados. Pueden estar en el Valle o no. Ahora, el Gobierno pretende exhumar los restos de unas 60 personas que ni siquiera se sabe si están allí enterradas, lo que provocará un caos absoluto porque, como apuntan los familiares de las otras 256 personas, a causa del mal estado de las tumbas, es caasi imposible conocer con exactitud, antes de la exhumación, si en el osario reposan los restos que se buscan, además, avisan de que en el proceso podrían extraerse restos mezclados que correspondan a otros enterrados.

Sea como fuere, el objetivo del Gobierno Sánchez, no hay que olvidarlo, es derribar la cruz y desacralizar la iglesia -y expulsar a los monjes benedictinos- que fue elevada a Basílica Menor por el Papa Beato Juan XXIII, y convertirla -resignificarla- en un lugar de memoria histórica… republicana, naturalmente.